El alcalde junto a la edil de Iniciativa. tc.c
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Buñol
La edil de Iniciativa en el plenario buñolense, Reyes Matamales, ha adelantado a este semanario su firme intención de estudiar al detalle, junto a los servicios jurídicos de su formación, la legalidad del contrato suscrito entre una empresa privada y el gobierno buñolense —que preside el socialista Fernando Giraldos— para la cesión de la explotación de la marca de La Tomatina, cuya titularidad corresponde al Ayuntamiento de Buñol. Tras un primer análisis de este documento —«conseguido ahora tras llevar varios meses de solicitudes y de intentos», tal como ha desvelado la edil—, Reyes Matamales ha asegurado detectar «una irregularidad» en esta adjudicación, «pues no se cumple ninguno de los supuestos aportados por la propia Técnico de Administración General (TAG) del Ayuntamiento en su informe para que el gobierno local pudiese haber hecho una adjudicación directa o exenta de concurso público».
Reyes Matamales ha explicado que el informe de la TAG «precisa que sólo se podrá realizar una adjudicación sin concurso previo en caso de que haya escasa demanda, que se trate de un procedimiento urgente o por la singularidad de la operación, supuestos que no se han dado en esta caso y que confirman un trato de favor hacia una empresa, que además es de fuera de la localidad; una acción que podemos calificar de oscura y cuya rentabilidad para el pueblo de Buñol es más que cuestionable», según la edil.
Reyes Matamales ha lamentado profundamente que la decisión del Partido Socialista haya limitado «la posibilidad de participación al resto de empresas interesadas y capacitadas en la realización de este trabajo, entre ellas las ubicadas en Buñol, al entenderse que son estas últimas las que están más capacitadas para la explotación de la marca por el pleno conocimiento que pueden tener de la fiesta».
En caso de que los abogados confirmen las sospechas de irregularidad denunciadas desde Iniciativa —formación que se suma ahora a la denuncia pública formulada la semana pasada desde las filas del PP— la portavoz ha anunciado «la petición de responsabilidades políticas, éticas y técnicas que derivarán en la inmediata solicitud de las dimisiones que se consideren oportunas».
Además ha considerado «incoherente» que el Partido Socialista presente mociones referidas a la corrupción del PP por el caso Gürtel «y que sin embargo esté dando forma legal a un procedimiento irregular como es el de la adjudicación a dedo y posiblemente vulnerando la ley».
Reyes Matamales también ha reprochado al gobierno de Buñol que «predique continuamente su defensa de las empresas locales y del trabajo en el seno de la población y que, sin embargo, haya firmado un contrato con una firma privada y foránea sin consultar, siquiera, a los partidos de la oposición».
La edil ha desvelado también que en el contrato que obra en su poder se acuerda que esta cesión «será para un período mínimo de tres años, ampliable a uno más si las partes lo consideran oportuno; algo que vuelve a demostrar que el gobierno de Buñol nos ha mentido, pues tiempo atrás se nos dijo que este acuerdo tenía una vigencia sólo de un año. Además, se recoge que en el supuesto de que el consistorio quisiera dar marcha atrás y convocar un concurso abierto a la participación del resto de empresas del sector tendría que pagar una indemnización de 12.000 euros».
Otro de los aspectos sobre los que ha llamado la atención la portavoz es el de las cantidades a repartir entre las partes. En el documento rubricado por los responsables del gobierno municipal y de la empresa se recoge la cesión por parte de esta última del 60% de los beneficios obtenidos al ente municipal, «mientras que el 40% será para la firma por la explotación de la marca y de los dibujos del Tomatico».
Por último, no ha querido dejar pasar la oportunidad de calificar de «muy sospechoso» por parte del PSOE el adjudicar a una empresa foránea un contrato de explotación «que bien podría beneficiar a empresas y trabajadores de Buñol; y sobre todo en tiempos de crisis».
