El tripartito de Buñol no consigue sacar adelante su Plan de Ajuste tras el veto de PP y los concejales no adscritos

Como ya avanzó tucomarca.com en su edición impresa, los siete concejales del Partido Popular de Buñol y los dos del grupo de No Adscritos en el Ayuntamiento de Buñol frenaron a finales de la pasada semana la aprobación del Plan de Ajuste presentado por el gobierno local —EU, PSOE e IA— al entender que «no es lo que necesita la institución  en estos momentos», según defendieron. Por su parte, los integrantes del actual equipo gestor responsabilizaron directamente de la delicada situación económica  al gobierno valenciano, «pues a día de hoy el Consell debe a Buñol 1’7 millones de euros, una cifra que si se hubiese pagado rebajaría a tan sólo un millón lo que se tendría que pedir», tal como manifestó el alcalde, Joaquín Masmano (EU), durante su intervención.
Tanto Eusebio Sáez (PSOE), como Rafa Pérez (EU), José Luis Carrascosa (IA) y el propio Joaquín Masmano subrayaron el «gran negocio» que va a suponer para los bancos la aplicación tanto de este como de otros planes de ajuste aprobados en el país, «pues sólo en esta localidad se va a pagar 1.000.000 de euros en intereses». Como se explicó desde el gobierno local, Buñol va a solicitar un préstamo de 3 millones de euros para pagar una deuda a proveedores de 2’7 millones. A todo esto, se une la intención de aplicar notables reducciones en subvenciones y servicios que, como se apuntó, «hipotecarían el Ayuntamiento durante los próximos 10 años».
En la otra parte, el portavoz del Partido Popular, Marcial Díaz, no dudó en calificar el plan presentado por el tripartito como «un insulto a la inteligencia y una gran hipocresía». Posteriormente, recordó que el problema de esta población es «estructural», echando de menos un plan de pago y un plan de tesorería serios.
«Este Plan de Ajuste presentado plantea la destrucción de puestos de trabajo, la  eliminación de servicios y no recoge numerosas facturas. Además, consideramos que el dinero que debe la Generalitat deberá destinarse a la amortización de la deuda», dijo el portavoz del PP. Instantes antes de esta intervención, el edil Francisco Carrascosa recordó que ha faltado información sobre esta propuesta de ajuste y que en ella se apuesta mayoritariamente por «los recortes y la eliminación de los puestos de trabajo». Aquí, apuntó la necesidad de dar ejemplo con la reducción del sueldo de los cargos políticos.
El hecho de que la oposición haya devuelto al cajón la propuesta del gobierno no impedirá que los proveedores cobren el dinero que se les adeuda, pero «deja en el aire —según el tripartito— el funcionamiento del ente municipal a la espera de la intervención estatal». Tanto para PP como para los dos concejales No Adscritos, la responsabilidad última es de un equipo gestor que ha hecho las cosas «deprisa y corriendo» y que «no ha apostado por el consenso».

El Plan de Ajuste en cifras
Una de las medidas planteadas por el gobierno buñolense en el Plan de Ajuste era la eliminación del servicio de la piscina municipal cubierta y la «reubicación» de los 9 empleados que trabajan anualmente en ella. Con esta medida se pretendía frenar una deuda anual que se aproxima a los 180.000 euros.
Otro de los servicios en los que se anunció un notable tijeretazo desde el gobierno local es el conservatorio, una institución que acumula una deuda anual de 240.000 euros. En este punto, se anunció un aumento de las tasas con el fin de lograr unos ingresos de 20.000 euros anuales. Joaquín Masmano dijo aquí que esta actuación era prioritaria, «pues en estos momentos Buñol está pagando por cada alumno de fuera 1.300 euros».
Respecto al autobús municipal, otro de los servicios deficitarios, tanto EU como PSOE e IA anunciaron «un recorte del 25% a través de la supresión de viajes y el aumento de las tasas». A su vez, también se planteó en el debate plenario la desconexión de casi 200 farolas y focos que se ubican en diferentes puntos de la población en horario nocturno al objeto de ahorrar anualmente 31.701 euros, medida que la oposición calificó de ser únicamente un «apagón».
La subida del 10% del Impuesto de Bienes Inmuebles Urbanos se une a la reducción de las bonificaciones por domiciliación bancaria de los recibos de un 5 a un 3%. Se anunció la potenciación de la inspección tributaria para descubrir hechos imponibles no gravados. Y también se anunció la amortización de una plaza de Policía Local, otra más de ordenanza y una de arquitecto, para reducir un gasto anual cercano a los 130.000 euros.

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